INFOMEDIO
Yolanda Alba escribe que Arabia Saudí, como otros países de cultura arabo-musulmana, no dispone de una ley de estatuto personal codificada que regule las relaciones familiares, entre ellas el matrimonio y el divorcio. En cambio, los jueces aplican su interpretación de la sharia cuando toman decisiones en cada caso. Los matrimonios forzados de la mujer, o los matrimonios celebrados sin el consentimiento de la mujer, son frecuentes en la nación saudí. El divorcio forzado, o el divorcio efectuado sin el consentimiento de cualquiera de las partes en el matrimonio, sin embargo, parece ser un fenómeno más reciente. Yolanda Alba es Vicepresidenta de la Red Europea Mujeres Periodistas y miembro del Consejo Asesor de INFOMEDIO.
Fatima Bent Suleiman Al Azzaz se casó con Mansour Ben Attieh El Timani en 2003 con el consentimiento de su padre (tutor), tal como se exige en la Arabia Saudí. La pareja estaba felizmente casada y tenía dos hijos, una niña, Nuha, y un niño, Suleiman.
En 2004, después de la muerte de su padre, los medio-hermanos de Fatima presentaron una petición en el Tribunal General de Jof en la que solicitaban al juez que la divorciara de Mansour por razones de incompatibilidad, porque Mansour provenía de una familia humilde y el matrimonio "afectaba y arruinaba la reputación de la familia". El juez que aplicó su interpretación de la ley islámica (sharia) estuvo de acuerdo y afirmó que "si una mujer está casada con una persona incompatible, ella o los tutores que no estén contentos con el matrimonio pueden hacer que éste se anule".
Asimismo, declaró que todo pariente de una mujer tiene derecho a hacer que ella se divorcie y precisó que "esa opción corresponde a parientes lejanos aun cuando alguno más cercano acepte el matrimonio, e incluso si la esposa está contenta con éste, debido a la consiguiente sensación de deshonra". El juez decretó el divorcio de Fatima y Mansour, aunque ello iba en contra de su voluntad y le asignó a Fatima a uno de sus medio-hermanos como tutor legal. Tras una apelación, el Tribunal de Casación (el tribunal más alto de Arabia Saudí) confirmó esta decisión. Fatima se negó a reconocer la decisión del tribunal y, en consecuencia, fue enviada a prisión durante nueve meses junto con su niño, a pesar de que ella no había cometido ningún delito según la ley saudí y no existía base judicial para su encarcelamiento. Después de ser puesta en libertad en abril de 2007, Fatima y su hijo fueron a vivir en un orfanato administrado por el Ministerio de Bienestar Social porque ella se negó a ser liberada bajo la custodia de su nuevo tutor legal (su medio hermano) y, al ser mujer, la costumbre dicta que no puede vivir sola (además de no poder circular libremente al estar confinada en el orfanato). Por su parte, Mansour también se negó a firmar los papeles de divorcio y en consecuencia, ha sido puesto en una "lista negra" por el gobierno saudí. No ha podido renovar su pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir, ni actualizar su cuenta bancaria. Tiene que mudarse constantemente, junto con su hija de cuatro años, porque es "buscado" por el gobierno. Como resultado, no ha podido conservar su puesto de trabajo en una empresa de informática y su capacidad para mantenerse él y su familia se ha visto comprometida: depende de los familiares y las donaciones.
La sentencia del Tribunal de Casación sólo puede ser revocada por el Rey saudí. Fatima, con 35 años, ha subrayado que ella no dejará de esperar el reencuentro con su hija y esposo. Cree que la herencia de su padre es uno de los motivos por los cuales sus medio-hermanos solicitaron su divorcio, lo que les permite a través de la tutela legal mantener el control sobre su propiedad. Defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí han impugnado la decisión en el caso de Fatima, argumentando que no constituye una interpretación correcta de la sharia. En concreto, la Sociedad Nacional de los Derechos Humanos presentó dos estudios realizados por eruditos islámicos que afirman que si el tutor legal de una mujer la representó en la boda, otros parientes no tienen derecho a oponerse al matrimonio basado en la incompatibilidad; al contrario, este derecho sólo puede ser ejercido por la mujer casada. Según la activista saudí de derechos humanos, Fauzia al Ayouni, desde el caso de Fatima, se han presentado otros casos de familiares que tratan de disolver los matrimonios de mujeres sin su consentimiento. Uno de esos casos es el de R. A. E., una médica de 27 años que se casó con su marido en Bahrein, sin el consentimiento de su padre. Este logró que un tribunal anunciara su divorcio sin el consentimiento de su hija, sobre la base de la incompatibilidad. Ella tuvo que volver a someterse a la custodia de su progenitor. Del mismo modo, Um Rimas, que se casó con Abdallah El Mahdi con el consentimiento de su padre y que desde entonces ha tenido una niña, se enfrenta al mismo destino. Su padre ha solicitado al tribunal que la divorcie sobre la base de la situación de inferioridad de su marido, al parecer tras haber cambiado de opinión acerca de la compatibilidad social de la pareja. El caso está pendiente en el tribunal y la pareja está pidiendo a las organizaciones de derechos humanos que apoyen sus esfuerzos para mantener a su familia unida.
Lo más alucinante es que Arabia Saudí ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), con la reserva de que no está bajo la obligación de respetar cualquier término de la Convención que contradiga las normas de la ley islámica. Esta reserva se formula de manera tan amplia como para ser incompatible con el objetivo y propósito de la Convención y, por lo tanto, es inadmisible de conformidad con el artículo 28 (2) de la CEDAW. En el contexto de su primer informe presentado en virtud de la CEDAW en 2008, el gobierno declaró categóricamente que "una mujer tiene el derecho a elegir un marido y a contraer matrimonio sólo con su consentimiento", y afirmó que la tutela masculina sobre las mujeres legalmente no está prescrita. Sin embargo, es evidente que ésta no es la práctica habitual, como se desprende de la sentencia del tribunal en el caso de Fatima.
En Arabia Saudí, una mujer sólo es considerada persona al estar bajo la tutela de su padre o de su pariente varón consanguíneo más allegado, y esto durante toda su vida.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones a la Arabia Saudí en abril de 2008, tomó nota con preocupación de que "el concepto de la tutela masculina sobre la mujer (mehrem), aunque no sea legalmente establecido, parece ser ampliamente aceptado; limita gravemente el ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos de acuerdo con la Convención, en particular con respecto a su capacidad judicial y en relación con las cuestiones de estatuto personal, incluyendo el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia, la propiedad y las decisiones tomadas en la familia, y la elección de residencia, la educación y el empleo". El Comité instó a Arabia Saudí a que tomara de inmediato medidas para poner fin a la práctica de la tutela masculina sobre las mujeres. El artículo 16 de la Convención exige a los Estados firmantes a "eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares" y a garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres "para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento" y "los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución". Los matrimonios forzados de la mujer, y los matrimonios que requieren el consentimiento de un tutor de la mujer, violan esas obligaciones. Además, el concepto de la tutela masculina sobre la mujer y el derecho otorgado a los parientes varones a obligar a una mujer a divorciarse son contrarios a la premisa básica de la Convención de la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
En estas condiciones, habría que instar, rogar, exigir a la monarquía y al gobierno saudíes (rey y ministro de Justicia específicamente, dadas las patriarcales y anacrónicas características del país) que aseguren que el sistema legal y judicial del país árabe refleje la afirmación declarada de que las mujeres no están sujetas a la tutela masculina, sino que más bien tienen el derecho, entre otras cosas, de contraer y permanecer en el matrimonio de su elección sin la interferencia de terceros. En este sentido, habría que presionar para que apoyen el establecimiento de una ley de estatuto personal codificada para garantizar los derechos de la mujer en el matrimonio y el divorcio y asegurar que esa ley se base en los principios de la igualdad y no la discriminación.
Hace falta adoptar medidas urgentes para que personas como Fatima, Mansour y sus hijos vuelvan a reunirse como una familia cuyos derechos están reconocidos y protegidos de conformidad con la Constitución de la Arabia Saudí, así como los de otras parejas que han sido divorciadas sin su consentimiento (en la medida en que esas parejas quieran ser reunidas), y para garantizar que ninguna pareja sea divorciada sin el consentimiento de al menos una de las personas que la componen.
Yolanda Alba escribe que Arabia Saudí, como otros países de cultura arabo-musulmana, no dispone de una ley de estatuto personal codificada que regule las relaciones familiares, entre ellas el matrimonio y el divorcio. En cambio, los jueces aplican su interpretación de la sharia cuando toman decisiones en cada caso. Los matrimonios forzados de la mujer, o los matrimonios celebrados sin el consentimiento de la mujer, son frecuentes en la nación saudí. El divorcio forzado, o el divorcio efectuado sin el consentimiento de cualquiera de las partes en el matrimonio, sin embargo, parece ser un fenómeno más reciente. Yolanda Alba es Vicepresidenta de la Red Europea Mujeres Periodistas y miembro del Consejo Asesor de INFOMEDIO.
Fatima Bent Suleiman Al Azzaz se casó con Mansour Ben Attieh El Timani en 2003 con el consentimiento de su padre (tutor), tal como se exige en la Arabia Saudí. La pareja estaba felizmente casada y tenía dos hijos, una niña, Nuha, y un niño, Suleiman.
En 2004, después de la muerte de su padre, los medio-hermanos de Fatima presentaron una petición en el Tribunal General de Jof en la que solicitaban al juez que la divorciara de Mansour por razones de incompatibilidad, porque Mansour provenía de una familia humilde y el matrimonio "afectaba y arruinaba la reputación de la familia". El juez que aplicó su interpretación de la ley islámica (sharia) estuvo de acuerdo y afirmó que "si una mujer está casada con una persona incompatible, ella o los tutores que no estén contentos con el matrimonio pueden hacer que éste se anule".
Asimismo, declaró que todo pariente de una mujer tiene derecho a hacer que ella se divorcie y precisó que "esa opción corresponde a parientes lejanos aun cuando alguno más cercano acepte el matrimonio, e incluso si la esposa está contenta con éste, debido a la consiguiente sensación de deshonra". El juez decretó el divorcio de Fatima y Mansour, aunque ello iba en contra de su voluntad y le asignó a Fatima a uno de sus medio-hermanos como tutor legal. Tras una apelación, el Tribunal de Casación (el tribunal más alto de Arabia Saudí) confirmó esta decisión. Fatima se negó a reconocer la decisión del tribunal y, en consecuencia, fue enviada a prisión durante nueve meses junto con su niño, a pesar de que ella no había cometido ningún delito según la ley saudí y no existía base judicial para su encarcelamiento. Después de ser puesta en libertad en abril de 2007, Fatima y su hijo fueron a vivir en un orfanato administrado por el Ministerio de Bienestar Social porque ella se negó a ser liberada bajo la custodia de su nuevo tutor legal (su medio hermano) y, al ser mujer, la costumbre dicta que no puede vivir sola (además de no poder circular libremente al estar confinada en el orfanato). Por su parte, Mansour también se negó a firmar los papeles de divorcio y en consecuencia, ha sido puesto en una "lista negra" por el gobierno saudí. No ha podido renovar su pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir, ni actualizar su cuenta bancaria. Tiene que mudarse constantemente, junto con su hija de cuatro años, porque es "buscado" por el gobierno. Como resultado, no ha podido conservar su puesto de trabajo en una empresa de informática y su capacidad para mantenerse él y su familia se ha visto comprometida: depende de los familiares y las donaciones.
La sentencia del Tribunal de Casación sólo puede ser revocada por el Rey saudí. Fatima, con 35 años, ha subrayado que ella no dejará de esperar el reencuentro con su hija y esposo. Cree que la herencia de su padre es uno de los motivos por los cuales sus medio-hermanos solicitaron su divorcio, lo que les permite a través de la tutela legal mantener el control sobre su propiedad. Defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí han impugnado la decisión en el caso de Fatima, argumentando que no constituye una interpretación correcta de la sharia. En concreto, la Sociedad Nacional de los Derechos Humanos presentó dos estudios realizados por eruditos islámicos que afirman que si el tutor legal de una mujer la representó en la boda, otros parientes no tienen derecho a oponerse al matrimonio basado en la incompatibilidad; al contrario, este derecho sólo puede ser ejercido por la mujer casada. Según la activista saudí de derechos humanos, Fauzia al Ayouni, desde el caso de Fatima, se han presentado otros casos de familiares que tratan de disolver los matrimonios de mujeres sin su consentimiento. Uno de esos casos es el de R. A. E., una médica de 27 años que se casó con su marido en Bahrein, sin el consentimiento de su padre. Este logró que un tribunal anunciara su divorcio sin el consentimiento de su hija, sobre la base de la incompatibilidad. Ella tuvo que volver a someterse a la custodia de su progenitor. Del mismo modo, Um Rimas, que se casó con Abdallah El Mahdi con el consentimiento de su padre y que desde entonces ha tenido una niña, se enfrenta al mismo destino. Su padre ha solicitado al tribunal que la divorcie sobre la base de la situación de inferioridad de su marido, al parecer tras haber cambiado de opinión acerca de la compatibilidad social de la pareja. El caso está pendiente en el tribunal y la pareja está pidiendo a las organizaciones de derechos humanos que apoyen sus esfuerzos para mantener a su familia unida.
Lo más alucinante es que Arabia Saudí ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), con la reserva de que no está bajo la obligación de respetar cualquier término de la Convención que contradiga las normas de la ley islámica. Esta reserva se formula de manera tan amplia como para ser incompatible con el objetivo y propósito de la Convención y, por lo tanto, es inadmisible de conformidad con el artículo 28 (2) de la CEDAW. En el contexto de su primer informe presentado en virtud de la CEDAW en 2008, el gobierno declaró categóricamente que "una mujer tiene el derecho a elegir un marido y a contraer matrimonio sólo con su consentimiento", y afirmó que la tutela masculina sobre las mujeres legalmente no está prescrita. Sin embargo, es evidente que ésta no es la práctica habitual, como se desprende de la sentencia del tribunal en el caso de Fatima.
En Arabia Saudí, una mujer sólo es considerada persona al estar bajo la tutela de su padre o de su pariente varón consanguíneo más allegado, y esto durante toda su vida.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones a la Arabia Saudí en abril de 2008, tomó nota con preocupación de que "el concepto de la tutela masculina sobre la mujer (mehrem), aunque no sea legalmente establecido, parece ser ampliamente aceptado; limita gravemente el ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos de acuerdo con la Convención, en particular con respecto a su capacidad judicial y en relación con las cuestiones de estatuto personal, incluyendo el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia, la propiedad y las decisiones tomadas en la familia, y la elección de residencia, la educación y el empleo". El Comité instó a Arabia Saudí a que tomara de inmediato medidas para poner fin a la práctica de la tutela masculina sobre las mujeres. El artículo 16 de la Convención exige a los Estados firmantes a "eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares" y a garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres "para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento" y "los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución". Los matrimonios forzados de la mujer, y los matrimonios que requieren el consentimiento de un tutor de la mujer, violan esas obligaciones. Además, el concepto de la tutela masculina sobre la mujer y el derecho otorgado a los parientes varones a obligar a una mujer a divorciarse son contrarios a la premisa básica de la Convención de la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
En estas condiciones, habría que instar, rogar, exigir a la monarquía y al gobierno saudíes (rey y ministro de Justicia específicamente, dadas las patriarcales y anacrónicas características del país) que aseguren que el sistema legal y judicial del país árabe refleje la afirmación declarada de que las mujeres no están sujetas a la tutela masculina, sino que más bien tienen el derecho, entre otras cosas, de contraer y permanecer en el matrimonio de su elección sin la interferencia de terceros. En este sentido, habría que presionar para que apoyen el establecimiento de una ley de estatuto personal codificada para garantizar los derechos de la mujer en el matrimonio y el divorcio y asegurar que esa ley se base en los principios de la igualdad y no la discriminación.
Hace falta adoptar medidas urgentes para que personas como Fatima, Mansour y sus hijos vuelvan a reunirse como una familia cuyos derechos están reconocidos y protegidos de conformidad con la Constitución de la Arabia Saudí, así como los de otras parejas que han sido divorciadas sin su consentimiento (en la medida en que esas parejas quieran ser reunidas), y para garantizar que ninguna pareja sea divorciada sin el consentimiento de al menos una de las personas que la componen.
