Un juez español lleva a juicio a Ministros y Jefes del Estado Mayor de Israel
Por Gabriel Ben-Tasgal para Guysen International News
Fernando Andreu Merelles, el juez español, ha admitido a trámite un proceso contra la cúpula político-militar israelí del 2002: el ex Ministro de Defensa Biniamin Ben-Eliezer, el actual Ministro de Seguridad Interior (entonces Jefe del Shin Bet), Moshé Yaalón, Jefe del Estado Mayor (hoy candidato a diputado por el Likud), Dan Jalutz, Jefe de la Aviación israelí (y luego Jefe del Estado Mayor), Doron Almog, Jefe de la zona sur de Tzahal, Michael Hertzog y Guiora Eiland del Ministerio de Defensa. Andreu en su acta asegura: “existen indicios de crímenes contra la humanidad al tratarse de un ataque contra la población civil de inicio ilegítimo”.
Comencemos detallando los hechos en cuestión. El 22 de julio del 2002; en plena Intifada de El-Aksa; Israel ordena el asesinato selectivo del líder del Hamas, Salaj Shjade. Un caza F-16 de la aviación de Tzahal lanzó una bomba de una tonelada sobre la casa de Shjade en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza. En el acta, el juez señala, un hecho incuestionable, que se trata de una de los barrios más densos de la ciudad. La bomba mató a Shjade y a otras 14 personas, entre ellas una familia entera de siete personas. Entre los 14 muertos había siete menores. El Centro Palestino para los Derechos Humanos elevó hace unos meses un pedido para procesar a los líderes de Israel ante el juez Fernando Andreu Merelles, del Juzgado Central de Instrucción N˚4. Antes de decidir, el juez opta por contestar con una comisión rogatoria en agosto del 2008 en donde se le preguntaba a Israel si este país estaba llevando a cabo algún juicio o investigación sobre el caso. El juez, en su acta, indica que Israel ni siquiera se digno a responderle (las palabras exactas usadas fueron “las autoridades del Estado de Israel no han dado cumplimiento a la solicitud de cooperación jurídica internacional solicitada”). Por lo tanto, y teniendo en cuenta su interpretación de la ley – que en breve abordaremos – el citado juez ha decidido aceptar la demanda. ¿Por qué nadie en Israel se dignó a responderle al juez español? El periodista Yoav Limor del Canal 1 de Israel citaba una fuente anónima, de uno de los enjuiciados, que criticaba esta actitud pasiva en exceso por parte de Israel. En especial, cuando la Corte Suprema de Justicia de Israel había tratado el mismo caso y se contaba con el material preparado sobre Shjade y su “gran obra terrorista”. El Ministerio de Justicia de Israel (a través del informativo del canal 1) aseguraba que el juez había pedido el material en enero de este año y lo estaban preparando pero el juez español no les dio tiempo. Para aceptar el caso, el juez se basa, específicamente en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hace referencia al principio de justicia universal: "Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: Genocidio, Terrorismo, (...). Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España". Este “Principio de Derecho Universal” indica que si un español u extranjero que realizó uno de estos actos podría llegar a ser juzgado en España aunque el hecho haya ocurrido en otro país. Sumado a esto, como el caso no es investigado ni juzgado en Israel, el juez Fernando Andreu Merelles acepta el caso. Otra basa importante que señala el juez en el acta es el artículo 611 del Código Penal sobre Delitos contra la Comunidad Internacional – “Será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado: 1- Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla”. El País (29.1.09) informaba: “En el razonamiento jurídico del juez se dice finalmente que "con el propósito de cometer el asesinato" del líder de Hamás, "las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar" lanzaron un ataque que acabó con la vida de 15 personas. Por este motivo, dice el auto, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo (...) que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud del principio de jurisdicción universal" debido a que es una acción "desproporcionada o excesiva" y que si se demuestra que fuera "preconcebida" podría dar lugar a "una calificación de los hechos distinta y aún más grave de la que inicialmente puede considerarse". Evidentemente, el acta del juez se pregunta claramente ¿Israel no hizo un acto de terrorismo? ¿No se intentó provocar el miedo en la población palestina adrede? ¿La respuesta israelí contra Shjade no se trato de una nueva respuesta desproporcionada por parte del Estado de Israel? Al leer el texto redactado por el juez Fernando Andreu Merelles es posible percibir sus dudas sobre la criminalidad de Salah Shjade. “En la querella nos encontramos ante un ataque armado dirigido, según se puede desprender de los hechos… para acabar con la vida de una persona presuntamente perteneciente a una organización terrorista conocida como el Hamas”, escribe el juez español. Hay que tener en cuenta que hablamos de un juez que tiene mucha fama de “progresista”. En febrero del 2008, la Audiencia Nacional comenzaba un caso contra generales africanos y lideres políticos por organizar el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas durante el genocidio de Ruanda en los años 90. El juez… Fernando Andreu Merelles… acusó a los líderes del Ejército Patriótico Ruandés y del Frente Patriótico Ruandés de asesinatos sistemáticos de civiles, según el auto de procesamiento.El 19 de abril del 2002, el diario ABC de España informaba: “El magistrado Fernando Andreu Merelles tomó ayer posesión de su nuevo cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en sustitución del ahora presidente de esta sede judicial, Carlos Dívar, después de que el Consejo General del Poder Judicial le designara para ocupar esta plaza el pasado 12 de marzo. Andreu Merelles, de 42 años, estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander desde 1996, fecha en que llegó procedente de San Sebastián, donde fue juez decano. El magistrado pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia y cuenta con quince años y medio de experiencia en la función judicial. Como juez de San Sebastián, comenzó a investigar el «caso Lasa-Zabala» en 1995 y realizó diligencias sobre el «Informe Navajas». Se trata de un juez que cree en la justicia universal y que la corte española puede juzgar cualquier caso en el mundo y que además parece estar muy identificado con los vientos progresistas que soplan por Europa y que se traducen en un juzgamiento muy claro, preciso y tendencioso sobre el conflicto palestino-israelí. Si… sin duda… los jueces (y tambien los periodistas llegado el caso) defienden posiciones siguiendo un prisma ideologico. El juez español podría haber decretado que Espana no tenía juridicción sobre el caso o que al tratarse de un terroristas del Hamas se podría suponer la calaña de hombre que es o simplemente revisar que el caso ya habia sido tratado por al justicia israelí. Sin embargo no lo hizo y no creyó desechable la querella. Hasta el momento habíamos presenciado este proceder en países como Bélgica. Hoy, España también entra al ruedo. No sería descabellado suponer que existe cierta relación entre la operación Plomo Fundido en Gaza y la decisión de este juez de llevar a juicio a los israelíes. La respuesta israelí no se hizo esperar. El Ministro de Defensa Ehud Barak dijo durante el día de hoy (jueves 29.1.09) que la decisión del juez español era “delirante: y que “tengo la intención de combatir con todo vigor las acusaciones en España, y hacer todo lo necesario para lograr la anulación de la querella", para agregar, “quien califique de Crímenes contra la Humanidad la liquidación de un terrorista vive en un mundo al revés". La Ministro de Relaciones Exteriores Tzipi Livni decía que iba a hablar con su homólogo Miguel Ángel Moratinos para intentar solucionar el tema cuanto antes. Es verdad… ahora todos se mueven con celeridad pero bien se podría haber explicado al juez español que el tema ya había sido tratado por la prestigiosa Corte de Justicia de Israel quien había desestimado una querella parecida. Siendo así, los países no juzgan por duplicado un caso cuando ambos países colaboran y adhieren a los acuerdos internacionales pertinentes. Shjade fue el fundador del brazo armado del Hamas y entre cientos de acciones directas por la que se lo juzgó en Israel está el secuestro y asesinato de los guardias de frontera Abi Sasportas e Ylan Saadon. Fue el responsable directo de los múltiples atentados suicidas que bañaron de sangre las calles de Israel durante la segunda Intifada. El caso de Shjade fue llevado a la Corte Suprema de Justicia por pedido de una asociación humanitaria israelí (Iesh Gbul – Hay Límite) que se quejó por el nombramiento del jefe del Estado Mayor Dan Jalutz que ordenó ejecutar la operación y que luego se hizo un comentario poco feliz ante sus soldados. Al ser citado por los jueces israelíes, Dan Jalutz dijo: “El hecho que murieron civiles y gente inocente me duele… si alguno de los que intervenimos en al operación hubiésemos sabido que el número de bajas civiles seria tan grande no hubiésemos ejecutado el asesinato selectivo”. El juez español puede llegar a creer que Shjade era la madre Teresa de Calcuta. También puede mirar con escepticismo el hecho que, evidentemente, los terroristas del Hamas se esconden adrede entre los civiles para aumentar las víctimas civiles y así aumentar el amor de los “progresistas” hacia ellos. Era obligación de Israel explicarle al juez español el proceso vivido en Israel y quién era Salah Shjade. Y mientras escribimos estas líneas, recordamos que el gobierno nombró hace una semana al Ministro de Justicia Daniel Fridman como el responsable de conformar una defensa apropiada para proteger a los soldados israelíes ante querellas como estas por los combates ocurridos en Gaza durante la Operación Plomo Fundido. Muchos acólitos del Hamas (a sabiendas o no) saben que el paso siguiente al intento de confrontación armado contra Israel se sitúa en la arena judicial internacional. Hoy… los periódicos del mundo titulan que “España lleva a juicio a militares israelíes por crímenes de lesa humanidad”. Un duro golpe para la imagen israelí. Una querella ridícula (a sabiendas de quien era Shjade y su deseo habitual de utilizar escudos humanos) que quizás podría haberse evitado.
Por Gabriel Ben-Tasgal para Guysen International News
Fernando Andreu Merelles, el juez español, ha admitido a trámite un proceso contra la cúpula político-militar israelí del 2002: el ex Ministro de Defensa Biniamin Ben-Eliezer, el actual Ministro de Seguridad Interior (entonces Jefe del Shin Bet), Moshé Yaalón, Jefe del Estado Mayor (hoy candidato a diputado por el Likud), Dan Jalutz, Jefe de la Aviación israelí (y luego Jefe del Estado Mayor), Doron Almog, Jefe de la zona sur de Tzahal, Michael Hertzog y Guiora Eiland del Ministerio de Defensa. Andreu en su acta asegura: “existen indicios de crímenes contra la humanidad al tratarse de un ataque contra la población civil de inicio ilegítimo”.
Comencemos detallando los hechos en cuestión. El 22 de julio del 2002; en plena Intifada de El-Aksa; Israel ordena el asesinato selectivo del líder del Hamas, Salaj Shjade. Un caza F-16 de la aviación de Tzahal lanzó una bomba de una tonelada sobre la casa de Shjade en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza. En el acta, el juez señala, un hecho incuestionable, que se trata de una de los barrios más densos de la ciudad. La bomba mató a Shjade y a otras 14 personas, entre ellas una familia entera de siete personas. Entre los 14 muertos había siete menores. El Centro Palestino para los Derechos Humanos elevó hace unos meses un pedido para procesar a los líderes de Israel ante el juez Fernando Andreu Merelles, del Juzgado Central de Instrucción N˚4. Antes de decidir, el juez opta por contestar con una comisión rogatoria en agosto del 2008 en donde se le preguntaba a Israel si este país estaba llevando a cabo algún juicio o investigación sobre el caso. El juez, en su acta, indica que Israel ni siquiera se digno a responderle (las palabras exactas usadas fueron “las autoridades del Estado de Israel no han dado cumplimiento a la solicitud de cooperación jurídica internacional solicitada”). Por lo tanto, y teniendo en cuenta su interpretación de la ley – que en breve abordaremos – el citado juez ha decidido aceptar la demanda. ¿Por qué nadie en Israel se dignó a responderle al juez español? El periodista Yoav Limor del Canal 1 de Israel citaba una fuente anónima, de uno de los enjuiciados, que criticaba esta actitud pasiva en exceso por parte de Israel. En especial, cuando la Corte Suprema de Justicia de Israel había tratado el mismo caso y se contaba con el material preparado sobre Shjade y su “gran obra terrorista”. El Ministerio de Justicia de Israel (a través del informativo del canal 1) aseguraba que el juez había pedido el material en enero de este año y lo estaban preparando pero el juez español no les dio tiempo. Para aceptar el caso, el juez se basa, específicamente en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hace referencia al principio de justicia universal: "Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: Genocidio, Terrorismo, (...). Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España". Este “Principio de Derecho Universal” indica que si un español u extranjero que realizó uno de estos actos podría llegar a ser juzgado en España aunque el hecho haya ocurrido en otro país. Sumado a esto, como el caso no es investigado ni juzgado en Israel, el juez Fernando Andreu Merelles acepta el caso. Otra basa importante que señala el juez en el acta es el artículo 611 del Código Penal sobre Delitos contra la Comunidad Internacional – “Será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado: 1- Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla”. El País (29.1.09) informaba: “En el razonamiento jurídico del juez se dice finalmente que "con el propósito de cometer el asesinato" del líder de Hamás, "las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar" lanzaron un ataque que acabó con la vida de 15 personas. Por este motivo, dice el auto, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo (...) que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud del principio de jurisdicción universal" debido a que es una acción "desproporcionada o excesiva" y que si se demuestra que fuera "preconcebida" podría dar lugar a "una calificación de los hechos distinta y aún más grave de la que inicialmente puede considerarse". Evidentemente, el acta del juez se pregunta claramente ¿Israel no hizo un acto de terrorismo? ¿No se intentó provocar el miedo en la población palestina adrede? ¿La respuesta israelí contra Shjade no se trato de una nueva respuesta desproporcionada por parte del Estado de Israel? Al leer el texto redactado por el juez Fernando Andreu Merelles es posible percibir sus dudas sobre la criminalidad de Salah Shjade. “En la querella nos encontramos ante un ataque armado dirigido, según se puede desprender de los hechos… para acabar con la vida de una persona presuntamente perteneciente a una organización terrorista conocida como el Hamas”, escribe el juez español. Hay que tener en cuenta que hablamos de un juez que tiene mucha fama de “progresista”. En febrero del 2008, la Audiencia Nacional comenzaba un caso contra generales africanos y lideres políticos por organizar el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas durante el genocidio de Ruanda en los años 90. El juez… Fernando Andreu Merelles… acusó a los líderes del Ejército Patriótico Ruandés y del Frente Patriótico Ruandés de asesinatos sistemáticos de civiles, según el auto de procesamiento.El 19 de abril del 2002, el diario ABC de España informaba: “El magistrado Fernando Andreu Merelles tomó ayer posesión de su nuevo cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en sustitución del ahora presidente de esta sede judicial, Carlos Dívar, después de que el Consejo General del Poder Judicial le designara para ocupar esta plaza el pasado 12 de marzo. Andreu Merelles, de 42 años, estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander desde 1996, fecha en que llegó procedente de San Sebastián, donde fue juez decano. El magistrado pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia y cuenta con quince años y medio de experiencia en la función judicial. Como juez de San Sebastián, comenzó a investigar el «caso Lasa-Zabala» en 1995 y realizó diligencias sobre el «Informe Navajas». Se trata de un juez que cree en la justicia universal y que la corte española puede juzgar cualquier caso en el mundo y que además parece estar muy identificado con los vientos progresistas que soplan por Europa y que se traducen en un juzgamiento muy claro, preciso y tendencioso sobre el conflicto palestino-israelí. Si… sin duda… los jueces (y tambien los periodistas llegado el caso) defienden posiciones siguiendo un prisma ideologico. El juez español podría haber decretado que Espana no tenía juridicción sobre el caso o que al tratarse de un terroristas del Hamas se podría suponer la calaña de hombre que es o simplemente revisar que el caso ya habia sido tratado por al justicia israelí. Sin embargo no lo hizo y no creyó desechable la querella. Hasta el momento habíamos presenciado este proceder en países como Bélgica. Hoy, España también entra al ruedo. No sería descabellado suponer que existe cierta relación entre la operación Plomo Fundido en Gaza y la decisión de este juez de llevar a juicio a los israelíes. La respuesta israelí no se hizo esperar. El Ministro de Defensa Ehud Barak dijo durante el día de hoy (jueves 29.1.09) que la decisión del juez español era “delirante: y que “tengo la intención de combatir con todo vigor las acusaciones en España, y hacer todo lo necesario para lograr la anulación de la querella", para agregar, “quien califique de Crímenes contra la Humanidad la liquidación de un terrorista vive en un mundo al revés". La Ministro de Relaciones Exteriores Tzipi Livni decía que iba a hablar con su homólogo Miguel Ángel Moratinos para intentar solucionar el tema cuanto antes. Es verdad… ahora todos se mueven con celeridad pero bien se podría haber explicado al juez español que el tema ya había sido tratado por la prestigiosa Corte de Justicia de Israel quien había desestimado una querella parecida. Siendo así, los países no juzgan por duplicado un caso cuando ambos países colaboran y adhieren a los acuerdos internacionales pertinentes. Shjade fue el fundador del brazo armado del Hamas y entre cientos de acciones directas por la que se lo juzgó en Israel está el secuestro y asesinato de los guardias de frontera Abi Sasportas e Ylan Saadon. Fue el responsable directo de los múltiples atentados suicidas que bañaron de sangre las calles de Israel durante la segunda Intifada. El caso de Shjade fue llevado a la Corte Suprema de Justicia por pedido de una asociación humanitaria israelí (Iesh Gbul – Hay Límite) que se quejó por el nombramiento del jefe del Estado Mayor Dan Jalutz que ordenó ejecutar la operación y que luego se hizo un comentario poco feliz ante sus soldados. Al ser citado por los jueces israelíes, Dan Jalutz dijo: “El hecho que murieron civiles y gente inocente me duele… si alguno de los que intervenimos en al operación hubiésemos sabido que el número de bajas civiles seria tan grande no hubiésemos ejecutado el asesinato selectivo”. El juez español puede llegar a creer que Shjade era la madre Teresa de Calcuta. También puede mirar con escepticismo el hecho que, evidentemente, los terroristas del Hamas se esconden adrede entre los civiles para aumentar las víctimas civiles y así aumentar el amor de los “progresistas” hacia ellos. Era obligación de Israel explicarle al juez español el proceso vivido en Israel y quién era Salah Shjade. Y mientras escribimos estas líneas, recordamos que el gobierno nombró hace una semana al Ministro de Justicia Daniel Fridman como el responsable de conformar una defensa apropiada para proteger a los soldados israelíes ante querellas como estas por los combates ocurridos en Gaza durante la Operación Plomo Fundido. Muchos acólitos del Hamas (a sabiendas o no) saben que el paso siguiente al intento de confrontación armado contra Israel se sitúa en la arena judicial internacional. Hoy… los periódicos del mundo titulan que “España lleva a juicio a militares israelíes por crímenes de lesa humanidad”. Un duro golpe para la imagen israelí. Una querella ridícula (a sabiendas de quien era Shjade y su deseo habitual de utilizar escudos humanos) que quizás podría haberse evitado.
