Política de lucha antiterrorista: cuidado con los límites
Por Thomás Zylberstein para Guysen International News
La política de lucha contra el terrorismo implica numerosos atentados contra los derechos humanos y los textos que regulan el derecho internacional. Es lo que indica un informe de la Comisión internacional de juristas (CIJ) publicado el 16 de febrero. Nueve juristas de la CIJ, una ONG basada en Ginebra, estudió a unos cuarenta paises con el fin de recoger los testimonios de víctimas de los abusos de la lucha antiterrorista, y de representantes gubernamentales.
Los resultados de este informe son concluyentes. Todas las “democracias liberales” en occidente, y no solamente EE.UU - muy criticado por los demás por su uso de la tortura en prisiones como Guantanamo - “participan hoy en la erosión del derecho internacional convirtiéndose en cómplices de violaciones cometidas por otros Estados o por ser tolerantes con éstos”.Según este informe, una serie de medidas tomadas después del 11 de septiembre de 2001, fecha después de la cual los “ataques a los derechos del hombre fueron más graves de lo que se podía imaginar”, son “ilegales” según el derecho internacional. Graves incumplimientos de los “compromisos adoptados en el marco de los tratados”. Se trata, en la mayoría de los casos, de “tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, las desapariciones forzadas y la ausencia de un pleito equitativo”. La CIJ calificó estas prácticas de “contraproducentes”. Al contrario, añaden leña al fuego exacerbando las “tensiones comunitarias” y empeorando el fenómeno de “los grupos armados”. Irak, que se ha convertido en el escenario de enfrentamientos intercomunitarios e interconfesionales extremadamente violentos, después de la invasión americana de 2003, es, al respecto, todo un ejemplo. La CIJ recomienda por otra parte que la expresión “guerra contra el terror” no sea ya usada debido a su imprecisión. Ésta habría permitido a los Gobiernos interpretarlo de una manera tan amplia que la tortura y el menosprecios de los derechos del Hombre, y otras normas por las que se regula el derecho internacional, pudieron incluirse en los medios de acciones contra el “terror”. Gran Bretaña fue especialmente estudiada por la CIJ. Ya que, mientras que para numerosas asociaciones locales de defensa de los derechos cívicos, las estrategias actuales son suficientemente coercitivas, se ha anunciado que en la próxima primavera, se examinarán nuevas “mejoras” del sistema. Algunos ya temen que la esfera privada se vea reducida aún más, y que el número de detenciones abusivas, en las cuales no se requiere ninguna prueba, aumente. El informe de la CIJ se preocupa, en particular, por las definiciones de algunas infracciones, como la “glorificación del terrorismo”, que podría convertirse en una infracción criminal, con las penas que eso conlleva, bajo esta nueva legislación. Actualmente, la lucha contra el terrorismo se concentra en los “comportamientos violentos”. Las nuevas estrategias se concentrarán aún más en el “radicalización” y los “comportamientos radicales”. Un paso adelante que muchos consideran peligroso y potencialmente liberticida. En esta categoría podrían encontrarse: los huelguistas y manifestantes, las personalidades políticas situadas en los extremos de la escena política, o incluso los moderados que precisamente “se radicalizarían”, o también los partidarios de los propios derechos humanos, juzgados a veces demasiado “fanáticos” por las autoridades públicas. Con este informe, la CIJ desea “informar” a la opinión pública y “reforzar” a la sociedad civil. Un medio como cualquier otro de poner a los Estados “democráticos' ante sus contradicciones para que “desarrollen una estrategia global de lucha contra el terrorismo, prohibiendo el recurso a la tortura y cualquier otra forma de violación de los derechos del hombre”.
Por Thomás Zylberstein para Guysen International News
La política de lucha contra el terrorismo implica numerosos atentados contra los derechos humanos y los textos que regulan el derecho internacional. Es lo que indica un informe de la Comisión internacional de juristas (CIJ) publicado el 16 de febrero. Nueve juristas de la CIJ, una ONG basada en Ginebra, estudió a unos cuarenta paises con el fin de recoger los testimonios de víctimas de los abusos de la lucha antiterrorista, y de representantes gubernamentales.
Los resultados de este informe son concluyentes. Todas las “democracias liberales” en occidente, y no solamente EE.UU - muy criticado por los demás por su uso de la tortura en prisiones como Guantanamo - “participan hoy en la erosión del derecho internacional convirtiéndose en cómplices de violaciones cometidas por otros Estados o por ser tolerantes con éstos”.Según este informe, una serie de medidas tomadas después del 11 de septiembre de 2001, fecha después de la cual los “ataques a los derechos del hombre fueron más graves de lo que se podía imaginar”, son “ilegales” según el derecho internacional. Graves incumplimientos de los “compromisos adoptados en el marco de los tratados”. Se trata, en la mayoría de los casos, de “tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, las desapariciones forzadas y la ausencia de un pleito equitativo”. La CIJ calificó estas prácticas de “contraproducentes”. Al contrario, añaden leña al fuego exacerbando las “tensiones comunitarias” y empeorando el fenómeno de “los grupos armados”. Irak, que se ha convertido en el escenario de enfrentamientos intercomunitarios e interconfesionales extremadamente violentos, después de la invasión americana de 2003, es, al respecto, todo un ejemplo. La CIJ recomienda por otra parte que la expresión “guerra contra el terror” no sea ya usada debido a su imprecisión. Ésta habría permitido a los Gobiernos interpretarlo de una manera tan amplia que la tortura y el menosprecios de los derechos del Hombre, y otras normas por las que se regula el derecho internacional, pudieron incluirse en los medios de acciones contra el “terror”. Gran Bretaña fue especialmente estudiada por la CIJ. Ya que, mientras que para numerosas asociaciones locales de defensa de los derechos cívicos, las estrategias actuales son suficientemente coercitivas, se ha anunciado que en la próxima primavera, se examinarán nuevas “mejoras” del sistema. Algunos ya temen que la esfera privada se vea reducida aún más, y que el número de detenciones abusivas, en las cuales no se requiere ninguna prueba, aumente. El informe de la CIJ se preocupa, en particular, por las definiciones de algunas infracciones, como la “glorificación del terrorismo”, que podría convertirse en una infracción criminal, con las penas que eso conlleva, bajo esta nueva legislación. Actualmente, la lucha contra el terrorismo se concentra en los “comportamientos violentos”. Las nuevas estrategias se concentrarán aún más en el “radicalización” y los “comportamientos radicales”. Un paso adelante que muchos consideran peligroso y potencialmente liberticida. En esta categoría podrían encontrarse: los huelguistas y manifestantes, las personalidades políticas situadas en los extremos de la escena política, o incluso los moderados que precisamente “se radicalizarían”, o también los partidarios de los propios derechos humanos, juzgados a veces demasiado “fanáticos” por las autoridades públicas. Con este informe, la CIJ desea “informar” a la opinión pública y “reforzar” a la sociedad civil. Un medio como cualquier otro de poner a los Estados “democráticos' ante sus contradicciones para que “desarrollen una estrategia global de lucha contra el terrorismo, prohibiendo el recurso a la tortura y cualquier otra forma de violación de los derechos del hombre”.
