El embajador habló de un brote antijudío; amenazas de bomba
Un grupo de encapuchados reclamó ayer en Tribunales la liberación de los detenidos (Foto)
Jaime Rosemberg y Lucas Colonna LA NACION
Luego de la sorpresa inicial, la comunidad judía argentina y la representación israelí en Buenos Aires reaccionaron ayer con indignación al violento ataque que integrantes de grupos de izquierda protagonizaron el domingo último en la Plaza de Mayo , cuando promediaba una conmemoración del 61er aniversario del Estado de Israel organizado por el gobierno porteño. Anoche, la DAIA advirtió con preocupación que se recibieron dos falsas amenazas de bomba en templos judíos del barrio porteño de Belgrano, que debieron ser evacuados por precaución. Los templos amenazados fueron el de la Nueva Comunidad Israelita y el Amijai.
Aunque desligaron al Gobierno de los episodios recurrentes, dirigentes de las entidades comunitarias centrales del país pidieron a la Justicia que profundizara la investigación de los militantes del denominado Frente de Acción Revolucionaria (FAR) que atacaron a los asistentes al acto y provocaron una decena de heridos.
Y desde el gobierno israelí advirtieron de los peligros que, dijo el embajador Daniel Gazit a LA NACION, representa para la democracia este tipo de episodios, que inscribió bajo la ola de un "brote antisemita en la Argentina".
"Fue otro brote de antisemitismo característico por su violencia. Atenta contra la democracia, porque siempre lo hacen los climas de violencia. Esto es peligroso para cualquier democracia. Vemos, igual, que el gobierno argentino está atento a estas manifestaciones y no quiere que esto suceda", dijo Gazit.
El gobierno israelí, por intermedio del director de América latina de la Cancillería, Alexander Ben Zvi, amenazó con presentar una nota de queja ante el Gobierno. Pero luego Gazit dijo que eso se había descartado con el correr de las horas y las explicaciones oficiales.
Por lo bajo, los dirigentes sospechan de motivaciones políticas adicionales de ese grupo para perjudicar a algún sector, dado que la irrupción y la violencia se dieron en plena campaña electoral.
"Estamos preocupados porque no se trató de un grupo que pasó por ahí de casualidad. Estaban bien preparados", afirmó a LA NACION el titular de la DAIA, Aldo Donzis, quien pidió al juzgado de Claudio Bonadío (que hoy se haría cargo de la causa luego de una licencia) celeridad en la investigación.
"Hay 800 testigos de lo ocurrido, pruebas sobran. Pero ¿quién sigue la investigación si liberan a los detenidos?", se preguntó el titular de la representación política de la comunidad judía en el país.
El titular de la Organización Sionista Argentina (OSA), Carlos Frauman, coincidió con Donzis y calificó de "muestra de antisemitismo puro" la agresión de los militantes de izquierda.
"Fue una agresión contra la comunidad judía y el Estado de Israel, perpetrada por facinerosos y cobardes que agredieron a gente mayor y mujeres", dijo Frauman, para quien hubo deficiencias en el operativo de seguridad organizado por el gobierno porteño, en el contexto del programa Buenos Aires Celebra, del que ya se realizaron varias reuniones al aire libre.
"Había pocos policías, y los que estaban ahí estuvieron muy pasivos", se quejó Frauman, quien incluso relató que distintos asistentes al acto actuaron para separar y aislar a los agresores antes de que llegaran los policías.
De todos modos, en la comunidad judía aceptaron las explicaciones del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que se había dispuesto un operativo especial para el caso y que los efectivos habían actuado como lo requerían las normas, y dejaron ayer de hablar de "zona liberada", como lo hizo anteayer el secretario general de la AMIA, Julio Schlosser.
La intención de perjudicar al gobierno de Mauricio Macri es una de las sospechas que los dirigentes de la comunidad judía mencionan en voz baja. "Falta poco para las elecciones, pero no nos vamos a meter en ese terreno", interpretó Frauman.
En el mismo sentido, el representante argentino del Centro Simón Wiesenthal, Sergio Widder, pidió a la Justicia que esclarezca "a quién responden" los agresores y felicitó al gobierno porteño "por la iniciativa de la celebración".
Los familiares de las víctimas, en tanto, exigieron respuestas directamente al Gobierno.
Aunque desligaron al Gobierno de los episodios recurrentes, dirigentes de las entidades comunitarias centrales del país pidieron a la Justicia que profundizara la investigación de los militantes del denominado Frente de Acción Revolucionaria (FAR) que atacaron a los asistentes al acto y provocaron una decena de heridos.
Y desde el gobierno israelí advirtieron de los peligros que, dijo el embajador Daniel Gazit a LA NACION, representa para la democracia este tipo de episodios, que inscribió bajo la ola de un "brote antisemita en la Argentina".
"Fue otro brote de antisemitismo característico por su violencia. Atenta contra la democracia, porque siempre lo hacen los climas de violencia. Esto es peligroso para cualquier democracia. Vemos, igual, que el gobierno argentino está atento a estas manifestaciones y no quiere que esto suceda", dijo Gazit.
El gobierno israelí, por intermedio del director de América latina de la Cancillería, Alexander Ben Zvi, amenazó con presentar una nota de queja ante el Gobierno. Pero luego Gazit dijo que eso se había descartado con el correr de las horas y las explicaciones oficiales.
Por lo bajo, los dirigentes sospechan de motivaciones políticas adicionales de ese grupo para perjudicar a algún sector, dado que la irrupción y la violencia se dieron en plena campaña electoral.
"Estamos preocupados porque no se trató de un grupo que pasó por ahí de casualidad. Estaban bien preparados", afirmó a LA NACION el titular de la DAIA, Aldo Donzis, quien pidió al juzgado de Claudio Bonadío (que hoy se haría cargo de la causa luego de una licencia) celeridad en la investigación.
"Hay 800 testigos de lo ocurrido, pruebas sobran. Pero ¿quién sigue la investigación si liberan a los detenidos?", se preguntó el titular de la representación política de la comunidad judía en el país.
El titular de la Organización Sionista Argentina (OSA), Carlos Frauman, coincidió con Donzis y calificó de "muestra de antisemitismo puro" la agresión de los militantes de izquierda.
"Fue una agresión contra la comunidad judía y el Estado de Israel, perpetrada por facinerosos y cobardes que agredieron a gente mayor y mujeres", dijo Frauman, para quien hubo deficiencias en el operativo de seguridad organizado por el gobierno porteño, en el contexto del programa Buenos Aires Celebra, del que ya se realizaron varias reuniones al aire libre.
"Había pocos policías, y los que estaban ahí estuvieron muy pasivos", se quejó Frauman, quien incluso relató que distintos asistentes al acto actuaron para separar y aislar a los agresores antes de que llegaran los policías.
De todos modos, en la comunidad judía aceptaron las explicaciones del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que se había dispuesto un operativo especial para el caso y que los efectivos habían actuado como lo requerían las normas, y dejaron ayer de hablar de "zona liberada", como lo hizo anteayer el secretario general de la AMIA, Julio Schlosser.
La intención de perjudicar al gobierno de Mauricio Macri es una de las sospechas que los dirigentes de la comunidad judía mencionan en voz baja. "Falta poco para las elecciones, pero no nos vamos a meter en ese terreno", interpretó Frauman.
En el mismo sentido, el representante argentino del Centro Simón Wiesenthal, Sergio Widder, pidió a la Justicia que esclarezca "a quién responden" los agresores y felicitó al gobierno porteño "por la iniciativa de la celebración".
Los familiares de las víctimas, en tanto, exigieron respuestas directamente al Gobierno.
